En Iman disponemos de una solución integral para la seguridad alimentaria que da respuesta a las necesidades de control y protección de la industria en relación con la calidad y la producción de las empresas del sector Agro. Consideramos que un proyecto de seguridad integral para este sector debería de tener en cuenta un Plan Director de Seguridad donde se analicen las necesidades y el estado actual de las medidas de protección, con el pertinente seguimiento del mismo.
En primer lugar, cabe destacar la importancia de la contratación de servicios de consultoría en áreas como el cumplimiento de normativas alimentarias, la seguridad de la información o la protección de datos personales. Asimismo, también es necesario considerar la adquisición de servicios de inteligencia corporativa en relación, por ejemplo, con la reputación de marca y de control de los grupos contrarios a la industrialización de la fabricación de alimentos, con especial énfasis en el sector cárnico por su importancia en la sostenibilidad y el bienestar animal.
Además, es conveniente contratar servicios de ciberseguridad orientados a la protección de los bienes informáticos, el dato y la información, sobre todo de carácter confidencial y de propiedad industrial. Los servicios de threat intelligence pueden ser una herramienta eficaz para la implantación de la inteligencia, también para la seguridad alimentaria.
Una vez que los activos digitales y las redes corporativas se encuentran protegidos, permitiendo un acceso seguro a la información, cabría estudiar el control del acceso y la seguridad de las instalaciones de esta industria. Se pueden aplicar medidas de control del acceso de trabajadores y proveedores, segmentando las instalaciones de manera que se permita el acceso a ciertos espacios sensibles solo a los empleados autorizados.
Igualmente, deben protegerse aquellos espacios relacionados con la producción que eviten, por ejemplo, la contaminación del producto. Así se cumplirán los planes de Food Defense y Food Fraud que demandan las certificaciones de seguridad alimentaria.
Todos estos sistemas deben monitorizarse y gestionarse a través de un adecuado centro de seguridad integral, con el personal de seguridad debidamente formado. En este tipo de proyectos, cada vez son más relevantes los sistemas de videovigilancia, no solo por su aplicación como medida de detección de intrusos y otras incidencias (como los conatos de incendio), sino también por su aportación al control la calidad, la logística y la producción gracias al uso de sistemas de análisis de contenidos que se integran con los sistemas de gestión y producción.
Bienestar animal
Si nos centramos en la industria cárnica, las nuevas corrientes sociales sobre alimentación saludable y sostenibilidad han creado un debate sobre las prácticas de ganadería intensiva y el trato a los animales durante toda la cadena productiva. La industria cárnica, por su parte, está tratando de garantizar el correcto manejo de las prácticas de bienestar animal mediante certificaciones (Welfare Quality, Welfair) supervisadas por entidades reconocidas (IRTA, Neiker, AWIN).
En línea con esta tendencia, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó, el pasado 16 de marzo, el proyecto del Real Decreto por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia. Este proyecto es fruto de la demanda social sobre un mejor trato a los animales y contó, por ello, con el apoyo de la junta directiva de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), que en 2019 propuso la instalación de sistemas de videovigilancia en mataderos, trasladando esta solicitud a la dirección ejecutiva de AESAN en octubre de ese mismo año. Otros países europeos ya cuentan con protocolos similares de vigilancia en mataderos. De hecho, la Unión Europea lo permite de forma legal. Es por ello que han puesto en marcha este real decreto, cuyo trámite de audiencia e información pública finalizó el pasado 15 de abril y del que se prevé su publicación definitiva a finales de año.
La iniciativa, en consonancia con el compromiso de la industria cárnica con el bienestar animal, tiene por objeto supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio. Se entiende que esto mejorará la capacidad de autocontrol de las empresas y garantizará el buen hacer de los trabajadores, así como el control del cumplimiento por parte de los servicios veterinarios oficiales. Todo con el objetivo que se apliquen buenas prácticas en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena de valor.
Los datos del sector cárnico sorprenden, pues se trata de un sector muy relevante. Según datos de 2019, el sacrificio anual de ganado porcino se situó en un censo de casi 53 millones de animales; en el sector avícola, la cifra superó los 828 millones de aves sacrificadas; en el sector bovino, se situó en 2,5 millones de animales; y en el cunícola la cifra ascendió a más des 41,4 millones. Los sectores ovino, caprino y equino se situaron en 544.000, 94.800 y 38.000 animales sacrificados, respectivamente.
Videovigilancia para la seguridad alimentaria
El proyecto del real decreto, en resumen, exige la instalación de cámaras, un visionado de control por parte de los empleados del matadero y el mantenimiento del sistema. El CCTV definido es un sistema básico en el que se requieren funciones de visionado, grabación y reproducción. Deben mantenerse registros de las incidencias técnicas y de los visionados de control en caso de incumplimiento de la normativa de bienestar de los animales. El proyecto incide en la facilidad de identificar a personas y manipulaciones, que serán el principal objeto de control del procedimiento, siendo este un punto tedioso a la hora de visionar alguna incidencia de bienestar.
La norma exige la instalación de cámaras en una serie de puntos del matadero, así como un visionado de control por parte del personal designado para efectuar el visionado. Este personal deberá contar con los conocimientos teóricos y prácticos adecuados en materia de bienestar animal, creando una relación expresa y concreta de las medidas correctoras en caso de detectar incidencias del funcionamiento del sistema de cámaras e incumplimientos de la normativa de bienestar de los animales.
Asimismo, se exigen medidas de seguridad del archivo de videovigilancia de carácter técnico y organizativo similares a las que obliga la normativa de protección de datos. Deben entregarse las imágenes cuando la autoridad competente lo exija y mantenerse un registro de los incumplimientos de la normativa de bienestar de los animales detectados durante el visionado de las grabaciones.
También obliga al mantenimiento de estos sistemas, pero no especifica en ningún apartado que deban ser empresas de seguridad, con lo cual puede interpretarse que el maltrato animal o la mala praxis en el sacrificio no se consideran objeto de protección por parte de la seguridad privada. No obstante, consideramos que estos sistemas sí deberían mantenerse por parte de empresas debidamente autorizadas, entendiendo que estas medidas se establecen dentro de un marco de aplicación de medidas de seguridad en la que se pretende, entre otros objetivos, la detección de infracciones y praxis no adecuadas. Por otro lado, también tiene sentido que sean vigilantes de seguridad los que lleven a cabo los servicios de visualización y actuación en caso de infracción del protocolo de bienestar animal, ya que podría derivar en una sanción.
