Como esto no va de ganar premios a la originalidad, empezaré este artículo diciendo que 2020 fue un año que nunca olvidaremos. Desde que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma, se han producido situaciones imposibles de prever antes de la pandemia con consecuencias que han alterado el curso de nuestra vida y de la economía.
Una situación de tanto alcance que también ha tenido implicaciones en la seguridad. Antes del COVID cifrábamos en 1.800 millones de euros anuales el impacto de la pérdida desconocida de los comercios. Sin embargo, solo en el primer semestre del año los hurtos comerciales en España cayeron un 44 por ciento.
Si quitamos el contexto de esta cifra, se trata de un dato sin precedentes. ¿Pero de qué sirve una estadística tan condicionada por las restricciones a la movilidad y el cierre de los establecimientos comerciales?
Aunque la recuperación de la actividad comercial es una buena noticia, irá acompañada de un retorno del hurto profesionalizado
Desde el inicio del estado de alarma, los comercios no esenciales estuvieron cerrados por ley durante un mes. Y hasta la fecha, han alternado todo tipo de restricciones fijadas por las comunidades autónomas que han condicionado su actividad. Sirvan como referencia los datos ofrecidos por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), que calculan que estas limitaciones a la actividad obligaron a los centros comerciales a cerrar de media un 27 por ciento de los días hábiles de 2020. Un hecho que redujo la afluencia de consumidores un 34 por ciento y que provocó una caída de 29 puntos porcentuales en las ventas.
Oportunidades
La lectura de estos datos en términos de seguridad comercial debe realizarse bajo una premisa: la delincuencia está cada vez más profesionalizada y detecta dónde se producen las oportunidades. Dicho de otro modo, con las restricciones a la movilidad y el cierre de los establecimientos, el hurto profesionalizado se detuvo o se desplazó hacia donde sí había actividad.
Sin embargo, con la paulatina desaparición de las restricciones y el avance en el proceso de vacunación, es de esperar que recuperemos la normalidad y vivamos una recuperación vigorosa en algunos sectores. Volviendo al ejemplo de los centros comerciales, la misma AECC afirma que cuando las restricciones se han relajado, los datos sobre afluencia han vuelto a ser muy parecidos a los que había antes de la pandemia, y que el gasto medio por visitante incluso ha crecido sobre un ocho por ciento.
Sin duda, la recuperación de la economía y de la actividad comercial no puede leerse más que como una buena noticia. Pero irá acompañada de un retorno del hurto profesionalizado. Por eso, uno de los retos más importantes en este año ha sido continuar avanzando en los procesos que deben minimizar la pérdida desconocida en el retail.
Seguridad comercial: nuevo protocolo de denuncias
Uno de los proyectos pilares para la seguridad del comercio es el nuevo protocolo de denuncias in situ, aprobado el pasado mes de septiembre por el Ministerio del Interior, y que permite la tramitación al momento y de forma telemática de las denuncias por delitos leves de hurto cuando el presunto autor sea sorprendido en el acto.
Hoy ya hay comercios trabajando bajo este nuevo procedimiento en Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, tres de las comunidades con mayor actividad comercial. Más aún si tenemos en cuenta que Cataluña y el País Vasco, por el momento, quedan fuera del ámbito de aplicación del protocolo al contar con policía autonómica.
El nuevo protocolo es aún demasiado reciente, y en sus primeros meses de aplicación ha estado demasiado condicionado por las restricciones. No obstante, ya contamos con algunas proyecciones para medir su potencial: algunos de los establecimientos que ya se han adherido al sistema se han fijado como objetivo duplicar el número de denuncias realizadas. De lograrlo, se confirmaría el éxito de un proyecto de colaboración público-privada en la lucha por minimizar el impacto de los delitos leves de hurto y de la pérdida desconocida que hoy, recordemos, equivale al 0,8 por ciento de las ventas del comercio.
La implantación mayoritaria del nuevo protocolo de denuncias in situ es estratégico para reducir de forma significativa el impacto de la pérdida desconocida. Y ahí, de nuevo, los centros comerciales juegan un papel especialmente relevante, ya que reúnen todas las condiciones para adherirse: disponen de departamentos de seguridad y servicios de vigilancia privada, tienen el equipamiento informático necesario para comunicarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuentan con los espacios en los que retener a los presuntos autores de los hurtos hasta tramitar la denuncia y con la infraestructura logística adecuada para la actuación policial.
Con la inmunidad de grupo cada vez más cercana, la eliminación de las restricciones, la recuperación de la normalidad y la reactivación del consumo son hoy la primera prioridad para el retail. En paralelo, la desaparición de las limitaciones a la movilidad y el incremento de la afluencia de consumidores en las tiendas creará el contexto necesario para avanzar en nuevos protocolos de actuación contra el hurto que permitan que la experiencia de compra sea más segura tanto para los consumidores como para los comercios.
