Análisis de una catástrofe por DANA

La primera y principal responsabilidad de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, es la protección
de los ciudadanos a través del derecho constitucional a la vida y a la integridad física y moral. Su protección y derecho implica, por tanto, un compromiso por parte del Estado.

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución, cuyo tenor literal establece: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Este precepto no solo garantiza la protección contra cualquier forma de violencia física o psicológica, sino que también subraya la inviolabilidad de la vida humana como un valor supremo. Destaca la importancia de salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas, e impone al Estado la obligación de proteger y garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos en todas las circunstancias.

Por todo ello, el Estado debe desarrollar y mantener planes de actuación ante todo tipo de emergencias para responder con eficacia ante cualquier desastre, habrá de integrar la identificación de las zonas de riesgos, habilitar los distintos Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para garantizar una respuesta inmediata, así como realizar simulacros de actuación ante los distintos tipos de emergencia. A esto, habrá que sumar la educación y concienciación de la población acerca de la actuación ante cualquier tipo de desastre, con el objetivo de garantizar la seguridad humana, término que suelo definir como:

«La condición y garantía de que todas las personas, independientemente de su origen, género, raza, religión o condición socioeconómica, puedan vivir libres de amenazas y riesgos que comprometan su vida, bienestar físico, mental, social, de progreso y desarrollo».

Esta definición abarca una amplia gama de dimensiones que incluyen la protección contra la violencia, la pobreza, las enfermedades, la discriminación y la degradación ambiental. Y requiere igualmente de un enfoque integral, interinstitucional y multidisciplinar, así como de la cooperación y coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y comunidades locales.

Este concepto integra diversas «subseguridades» esenciales para el desarrollo y la estabilidad de las civilizaciones ante cualquier riesgo que afecte transversal o tangencialmente al ser humano. Incluyen, con carácter enunciativo y no limitativo: la seguridad personal, la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental y medioambiental, la seguridad comunitaria, la seguridad política, la seguridad educativa, la seguridad nacional, la ciberseguridad, la seguridad biológica, la seguridad laboral, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, entre otras muchas. En definitiva, cualquier tipo de riesgo, amenaza, aspecto o vulnerabilidad que pueda comprometerla.

Antecedentes y análisis de la DANA

En relación con la catástrofe de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), hemos de considerar que, tristemente, se sabía de la criticidad del riesgo en las zonas afectadas en atención al mapa de riesgos. Pero lo que realmente clama al cielo son los antecedentes, con acontecimientos previos significativos de carácter natural, en los que la cuenca del Júcar ha sido históricamente vulnerable a episodios de «gota fría» y otros fenómenos meteorológicos adversos y extremos.

Algunos de los eventos previos más significativos han sido:

• Gota fría de 1957 en Valencia, con más de 80 fallecidos y graves daños.
• Inundaciones de 1982. El desbordamiento del río Júcar, la rotura de la presa de Tous y la riada de Alicante causaron una de las mayores catástrofes hidrológicas en España, con unos 38 fallecidos.
• Gota fría de 2012, que afectó a las provincias de Murcia, Andalucía y Valencia, causando la muerte de unas 13 personas.
• DANA de 2023, aunque no alcanzó la virulencia de la DANA de 2024.

Lo realmente lamentable es que el propio Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana (PTECV), en su epígrafe 3.2.3, cuyo título reza «Principales Riesgos de la Comunitat Valenciana», recoge en relación con el riesgo de inundaciones, de manera literal, que:

«La Comunitat Valenciana cuenta con múltiples ejemplos que van desde la riada del Turia de 1957, pasando por la rotura de la presa de Tous, o las diferentes riadas padecidas en el Bajo Segura, o más recientemente las inundaciones provocadas por el río Girona en Els Poblets y las inundaciones de otras poblaciones por las lluvias intensas producidas en la Marina Alta en octubre de 2007. En definitiva, se trata de un fenómeno que ha estado y sigue muy presente en la sociedad actual, frente al que históricamente se han realizado actuaciones de carácter preventivo y de protección, pero que el actual grado de desarrollo socioeconómico y la propia ciudadanía exigen un nivel de respuesta organizativo adecuado a los tiempos actuales».

No puede, por tanto, esgrimirse el desconocimiento del riesgo por inundación por parte de la administración autonómica, en atención a sus propios planes, así como por el resto de las administraciones públicas.

Objetivos

El objetivo general de este artículo es analizar la respuesta, desde el punto de vista técnico, operativo y legal, de las distintas administraciones públicas ante la gestión de la catástrofe de la DANA de 2024, en las diferentes fases de preemergencia, emergencia y post-emergencia.

Entre los objetivos específicos del texto está: por un lado, evidenciar los gravísimos errores cometidos para que sirvan de lecciones aprendidas, de manera que no vuelva a suceder; y por otro, establecer propuestas para evitar la severidad del daño en relación con el coste de vidas humanas en futuras catástrofes.

Aproximación terminológica

Una DANA es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la formación de una baja presión en niveles altos de la atmósfera, aislada de la circulación general, que provoca lluvias intensas, torrenciales y persistentes, tormentas eléctricas y, en algunos casos, graves inundaciones. La combinación de factores atmosféricos, la geografía y el cambio climático, pueden incrementar la severidad del daño.

Impacto de la DANA de 2024

A continuación, se exponen los datos estadísticos más relevantes relacionados con la DANA de 2024.

• El total de las víctimas hasta la fecha de remisión del presente artículo son: 232 personas, de las cuales 224 fallecieron en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.
• Del total de víctimas, 26 eran de nacionalidades diversas, siendo la mayoría de origen rumano (9 víctimas).
• La mayoría de las víctimas eran personas mayores de 70 años, con un 7 por ciento de nonagenarios. De las 216 víctimas mortales en Valencia, 131 eran hombres y 85 mujeres.
• En pocas horas, el nivel del caudal de agua en la cuenca del Poyo se incrementó aproximadamente 8,75 veces en relación con el caudal normal en el pico más alto de la DANA.