Este artículo pretende clarificar y aporta una cierta luz a una terminología que, aun no siendo nueva, sí presenta cierta falta de divulgación. Y esto da lugar a interpretaciones un tanto trasnochadas, cuando no desajustadas, en el enfoque y el objetivo final.
Para ello hay que tener claro que dentro del marco legislativo actual las relaciones sistémicas que se establecen, así como los niveles referenciales que se desarrollan como consecuencia de ello, son los factores que sirven para definir el modelo de seguridad vigente actual en España y sus correspondientes estructuras de gestión.
Seguridad pública
En este contexto se debe partir de la base que ofrece la propia Constitución Española, la cual establece el marco básico que permite el correspondiente desarrollo de los elementos que son de interés para el objeto de este artículo. Y que no es, ni más ni menos, que acotar el concepto ‘seguridad pública’ en su extensión actual.
Apuntar sobre este sistema que la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional establece que la política de seguridad nacional es una política pública en la que, bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del propio Gobierno, participan todas las administraciones públicas de acuerdo con sus respectivas competencias y la sociedad en general para responder a las necesidades de la seguridad nacional.
De hecho, se define la seguridad nacional como «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».
Son componentes fundamentales del Sistema de Seguridad Nacional, por tanto, la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, apoyados por los servicios de inteligencia e información del Estado.
En este punto, cabe reseñar que el concepto y desarrollo de lo que se entiende por seguridad nacional se sustenta en el artículo 149.1, partes cuarta y 29ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública. A este último elemento me referiré expresamente más adelante.
Por tanto, la Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia para la política de seguridad nacional, una política de Estado que parte de una concepción amplia de la seguridad. Lo que da cobertura al desarrollo sectorial y parcial de numerosos elementos vinculados con los riesgos y las amenazas.
Amenazas y desafíos a la seguridad nacional
En este contexto, y derivado de la posición geoestratégica de España, se han identificado, por una parte, las amenazas que comprometen o socavan la seguridad nacional; y por otra los desafíos que, como retos y sin tener la entidad de amenaza, suscitan vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas.
Las principales amenazas identificadas son los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. En cuanto a desafíos a tratar se señalan la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y el cambio climático.
Dichas amenazas y desafíos no existen aislados, sino que están interconectados, sus efectos traspasan fronteras y se materializan con frecuencia en los espacios comunes globales, como el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.
A la vista de estas amenazas y los desafíos para la seguridad nacional se identifican, en este sentido, cinco objetivos generales que son comunes a todos los ámbitos de la política de seguridad nacional. Estos objetivos permiten, de este modo, su integración orientando la acción del Estado en materia de seguridad nacional. Son los siguientes:
- Avanzar en un modelo integral de gestión de crisis.
- Promover una cultura de seguridad nacional.
- Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales.
- Impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico.
- Fortalecer la proyección internacional de España.
En consecuencia, el desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional responde a la necesidad de hacer frente de forma coordinada, rápida e integral las distintas amenazas y desafíos a la seguridad.
Sistema de sistemas
Por tanto, se puede observar que el Sistema de Seguridad Nacional tiene un marcado planteamiento integrador e integral al objeto de configurarse, desde el punto de vista de la seguridad pública, en un «sistema de sistemas». «Sistema de sistemas» que busca articular la participación y colaboración de las diferentes administraciones públicas, de los distintos sectores y actores de la sociedad y de la propia acción ciudadana.
Por tanto, el Sistema de Seguridad Nacional (entendido desde esta perspectiva como «sistema de sistemas») tiene como asignatura pendiente ser realmente un sistema integrado, por cuanto que muchos de los actores imprescindibles o no se han incorporado, no se les ha incorporado de manera activa y real o no comparten de manera proactiva su participación.
Esta cuestión tiene una especial incidencia en el caso de la protección de las infraestructuras críticas, en el caso de algunos aspectos de la seguridad privada y, específicamente, en el caso de la protección civil y la gestión de emergencias. Todo esto supone y presenta una necesidad imperiosa de contar con espacios colaborativos amplios. Y no solo donde se incorporen los operadores de las denominadas y calificadas infraestructuras críticas, sino donde se integre también el concepto de servicios esenciales, así como la definición de sus componentes que a los efectos nos ocupan.
No obstante, contar con espacios colaborativos amplios supone construir desde la base. Es decir, los conceptos y la terminología, así como el valor jurídico de estos, es trascendental que estén normalizados y consensuados al máximo y con el mayor rigor y coherencia posible. Sobre todo porque elementos como las amenazas, desafíos, emergencias y catástrofes deben ser definidos de manera inequívoca, común y compartida en todos los ámbitos de la seguridad.
Sobre el autor: Pablo Gárriz Galván es doctor en Seguridad Humana y Derecho Global Público.
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