Cuatro décadas contemplan a la publicación Seguritecnia, la decana del sector y que nos ha acompañado durante estos años a todos los que decidimos un buen día servir a la sociedad en este apasionante mundo de la seguridad y la protección civil.
Han sido innumerables los cambios producidos en la sociedad en este tiempo y en las adaptaciones que las empresas y los servicios públicos han tenido que acometer para adaptarse a dichos cambios.
En el ámbito de la protección civil, 37 años hace de la aprobación de la primera norma que regulaba esta materia y donde, por primera vez, se daba un peso importante a la prevención y planificación del riesgo. Se pasó de una cultura meramente reactiva y de improvisación ante los eventos naturales o antrópicos que causaban muertes, daños materiales y ambientales en nuestro país a una cultura de prevención y anticipación que nos imponía a todos el deber de conocer el riesgo y el territorio, planificar la respuesta y, sobre todo, coordinar a todos los actores implicados.
Esta primera Ley de Protección Civil de 1985 dio paso a la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil en 2015, donde, gracias a la aportación de todas las administraciones y particulares, hemos conseguido crear un auténtico “sistema”, como su título dice, y como en el cuerpo humano sucede con una composición de órganos y procesos que hacen que caminemos, como un todo, en la buena dirección. Prácticamente todas las comunidades autónomas disponen de planes territoriales y especiales por tipo de riesgo donde se definen los grupos de acción, los órganos de dirección y seguimiento, los diferentes niveles de gravedad y las actuaciones preventivas.
De hecho, estamos extendiendo esta dinámica a los ayuntamientos independientemente de su tamaño o población, y en último término a las empresas, actuando a través de la autoprotección como primer eslabón de la cadena de respuesta.
Asimismo, este importante trabajo de homogenización, en un país donde las competencias en esta materia implican a las tres administraciones (local, regional y estatal), nos ha permitido afrontar grandes catástrofes minimizando los daños personales y materiales. Tenemos uno de los mejores sistemas de protección civil del mundo, y a los resultados me remito: incendios forestales, inundaciones y nevadas de semejante magnitud acontecidos en España estos últimos años han causado, en países de nuestro entorno, decenas de víctimas mortales.
Protección contra incendios
En la misma línea, la evolución de la seguridad contraincendios ha sufrido una mejora exponencial en estos últimos años. De los grandes incendios sufridos en edificios e infraestructuras en la década de los ochenta aprendimos que la protección contraincendios es una inversión y no un coste. Tenemos una de las normativas de edificación urbanas e industriales más exigentes del mundo, y esto, junto con la apuesta por el dimensionamiento de potentes servicios de bomberos, ha permitido tener uno de los índices de fallecidos por incendio más bajos del mundo.
Por supuesto, no debemos conformarnos y aún quedan importantes retos por cumplir. En el ámbito de protección civil, hemos de potenciar la capacidad de dirección y coordinación del Estado en emergencias de interés nacional como las que hemos vivido estos dos últimos años (COVID-19, Filomena, etc.), con el fin de sacar el máximo partido a las capacidades locales, regionales y las propias del Estado para que podamos poner a disposición de aquellas poblaciones que lo necesiten toda la fuerza operativa disponible.
Crear una auténtica cultura de protección civil, incorporando las nuevas tecnologías a la gestión de emergencias y la implicación de los ciudadanos en la resolución de las mismas, en un mundo interconectado, serán los retos que marquen la siguiente década.
