Según datos de los Mossos d’Esquadra, en 2021 los delitos de odio y discriminación en Cataluña aumentaron un 26 por ciento. Dos años más tarde, en 2023, el incremento era del 18,7 por ciento. Estos datos solo representan los delitos de los que la policía tiene constancia en Cataluña. La realidad actual es que vivimos en sociedades cada vez más complejas, heterogéneas y diversas y que, después de la pandemia global causada por la COVID-19 se detectan mayores índices de crispación, intolerancia y tensión social.
En el caso de Europa, la llegada o auge de partidos de ultraderecha a muchos parlamentos nacionales ha dado una visibilidad a los discursos de odio y discriminación que ha llevado a su normalización en parte de la opinión pública. El pacto no escrito que existía en Europa para desterrar cualquier posición totalitaria ha permitido que durante décadas la democracia avance a través de la alternancia de poderes entre los partidos conservadores, liberales y progresistas.
Esta «calma», entendida como la estabilidad del sistema de partidos, democracia y protección de los derechos no solo fundamentales sino también civiles y políticos, ha permitido que la mayoría de los países europeos se perciban como un lugar seguro para personas que pertenecen a colectivos minoritarios. En cambio, en 2024 cada vez más personas se sienten inseguras por ser quienes son.
Protocolo de prevención para la discriminación
Guiados por la profunda vocación de servicio que tiene la seguridad privada, y siguiendo el ejemplo iniciado con protocolos similares de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales de Cataluña, desde la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña decidimos impulsar el «Protocolo para la prevención, detección y gestión de situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada». Con ello, pretendíamos crear una herramienta de formación y apoyo al sector para estar más preparados ante situaciones discriminatorias.
De esta forma, el planteamiento de inicio ha sido novedoso. Se ha trabajado en paralelo a tres niveles:
- Rondas de participación con el sector de la seguridad, incluyendo a patronales y sindicatos
- Rondas de participación con la sociedad civil, donde se ha invitado a participar a organizaciones y entidades que representan o trabajan con colectivos potencialmente discriminados. Entre las organizaciones hay quienes trabajan con personas sin techo, con el colectivo LGBTIQ+, representantes de comunidades islámicas, del pueblo gitano, asociaciones de ayuda a personas y familias de enfermedades mentales, y otras.
- El equipo técnico de la DGAS.
La seguridad privada y la pública tienen que trabajar por la seguridad de todas las personas, con independencia de quienes sean
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