La seguridad pública, reconocida en nuestra Constitución como competencia exclusiva del Estado, encuentra en la seguridad privada una oportunidad para verse reforzada.
En la especial relación que ha mantenido siempre la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha hecho necesario en los últimos años avanzar en fórmulas jurídicas que reconocieran el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada de forma que permitiera, además, integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad.
Así, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, con un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España y prepararlo para el futuro. Una Ley que deja de poner el acento en los principios de subordinación, control y sanción y que pasa a implementar más eficazmente el de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad. De esta manera, se apuesta por un papel más preventivo del sector de la seguridad privada en beneficio de la seguridad general, aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, poniéndolos al servicio de la protección y la seguridad del conjunto de la ciudadanía.
Gracias a ello, en los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad. Además, se reconoce la importancia, eficacia y eficiencia de la colaboración público-privada como un medio para hacer frente y resolver los problemas urgentes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Y así, cada vez más, la seguridad privada se está considerando una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
En este sentido, hay que destacar la capacidad del sector de la seguridad privada en España para adaptarse al panorama que ha surgido durante la pandemia. Un contexto que le ha permitido continuar ofreciendo sus servicios, en ocasiones, indispensables para la sociedad española en su conjunto.
Como muestra de lo anterior cabe destacar la labor desempañada por los interlocutores policiales sanitarios, nacional y territoriales. Su trabajo ha permitido una disminución progresiva de las denuncias por agresiones a profesionales de la salud y un incremento de los contactos con los mismos. Por tanto, se han convertido en la principal referencia para el sector dentro de la crisis sanitaria en la que llevamos inmersos desde 2020.
Paralelamente, aprovechando el avance de las tecnologías de la comunicación e información, se está impulsando, bajo protocolo al efecto, la posibilidad de denuncias en centros sanitarios con apoyo telemático para determinados delitos leves.
Asimismo, sobre la idea de que “allá donde esté la seguridad privada está la Policía Nacional”, tanto en nuestro territorio como más allá de nuestras fronteras, se actualizó en 2019 el Plan Integral de Colaboración R@s 2.0. Este plan ha supuesto un avance en: el incremento en la adhesión de entidades a Red Azul y el número de colaboraciones aportadas; en el fomento de la formación al sector, tanto de forma presencial como online; en el incremento de las difusiones sobre noticias de interés para el sector; y en el alta en el Registro Nacional de Seguridad Privada (SEGURPRI).
En el futuro más inmediato, nuevas alianzas entre seguridad pública y privada permitirán que, juntos, se puedan afrontar retos como la transformación digital, la igualdad, la lucha contra todo tipo de intrusismo en la seguridad privada, la colaboración y la adecuada e íntegra incorporación de la discapacidad al sector.
Por último, mencionar la relevancia del desarrollo e implantación del título de técnico en seguridad privada, correspondiente a los estudios de formación profesional, para el acceso al sector como una vía alternativa y prevalente de entrada al mismo.
