La importancia de los departamentos de seguridad y de los directores de seguridad del sistema de sanidad y de los hospitales en la lucha contra el COVID-19 está siendo clave, como ocurre en la Comunidad de Madrid, cuyo modelo es eficiente porque racionaliza los servicios y las medidas de seguridad. Tomemos conciencia de la necesidad de completar esta estructura en todo el territorio nacional.
Un acierto más de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley 8/2011) fue cuando incorporó la figura del Responsable de Seguridad y Enlace en los operadores críticos. A partir de ahí, y ante el auge de las agresiones a profesionales sanitarios, el Ministerio del Interior estableció medidas para hacer frente a esta situación. Entre otras, la creación de la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, a través de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que tanto tiempo llevaba demandando el Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios (OSICH) y que tan valorado y reconocido está resultando en el ámbito de la seguridad.
Hoy son ya muchos los hospitales que cuentan con un director de seguridad para atender a su propia protección, aunque menos de los deseables. No obstante, en un ámbito tan complejo como el sanitario, surgen muchas dudas sobre el modelo a seguir a la hora de organizar la seguridad, no solo de los hospitales, sino también de las redes asistenciales de cualquier naturaleza. Por eso queremos resaltar aquí la solución implementada en la Comunidad de Madrid. Esta comunidad autónoma cuenta con un departamento de seguridad a nivel global para todo el Servicio Madrileño de Salud. Un departamento que coordina diversas áreas territoriales en las que se agrupan los hospitales en función de su complejidad. Al frente de ellas se sitúan otros tantos directores de seguridad.
Medidas de seguridad
Entendemos que, para la sanidad pública, este es el modelo más eficiente porque racionaliza los servicios y las medidas de seguridad. Además de cubrir las necesidades del conjunto de centros asistenciales de la Comunidad.
La Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, incluye el sector Salud como uno de los doce sectores estratégicos proveedores de servicios esenciales, cuya continuidad se quiere garantizar. Acertada decisión, porque la salud es el primero de los servicios esenciales necesitados de protección, pese a que la Directiva 2008/114 que se transpone con esta Ley solo hacía referencia a los sectores de Energía y Transporte.
Pero este es un sector que resulta enormemente complejo. No solo por la propia descentralización de las competencias en lo que a los sistemas sanitarios comunitarios se refiere, sino por su alcance técnico. El espectro de actividades y servicios abarca cuestiones de tan difícil estudio como puede ser la propia gestión de medicamentos, la prevención y el control de enfermedades y plagas, las reservas estratégicas o las infraestructuras auxiliares que dan servicios de tecnologías de información y comunicaciones.
Por eso resulta extraordinariamente relevante el Plan Estratégico Sectorial (PES) que analiza su estructura. Este identifica cuatro subsectores y hasta doce segmentos de actividades con entidad propia. Hay que destacar también que parte de las funciones del sector de la Salud son realizadas por el sistema sanitario privado, gestionado por entidades privadas, con y sin ánimo de lucro, que no se encuentran contempladas en el PES pero que sí se tuvieron en cuenta para el correcto análisis de la situación del sector.
Planificación
Es evidente que este estudio en profundidad de un ámbito tan complejo facilita extraordinariamente la planificación de las acciones necesarias en una situación de crisis como la que estamos padeciendo. Pero, además de proporcionar una guía para evaluar los recursos disponibles, aporta una solución de valor inestimable para el contacto permanente con los operadores críticos: el Responsable de Seguridad y Enlace.
Pese a las evidentes necesidades de protección del sector, a que atiende a millones de personas, a que almacena información especialmente protegida, a que cuenta con numerosas instalaciones sensibles como fuentes radiactivas, espacios para reclusos, etc., y a que la normativa exigía a numerosos hospitales, por la entidad de sus servicios de seguridad privada, disponer de un director de seguridad al frente del correspondiente departamento, fueron muy pocos los que adoptaron esta medida a pesar del intenso trabajo de concienciación desarrollado por algunas asociaciones profesionales, especialmente por el OSICH.
Esperemos que uno de los aspectos positivos de la crisis del COVID-19 sea forzar una toma de conciencia de la necesidad de completar una adecuada estructura de seguridad en todo el territorio nacional en el sector de la sanidad.
