Hoy en día, nadie pone en duda que los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario constituyen el pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud (SNS), siendo este un recurso escaso y valioso para brindar una atención de calidad a la población. Sin embargo, y paradójicamente, este colectivo se enfrenta a menudo a un riesgo laboral alarmante: la violencia externa en su lugar de trabajo, las agresiones físicas y verbales, y el acoso por parte de usuarios que utilizan la agresión como un instrumento para lograr un fin espurio.
Todo esto se ha convertido en una preocupante realidad que afecta no solo a la seguridad y salud de los profesionales, sino también al funcionamiento óptimo del sistema sanitario en su conjunto.
La magnitud de este problema ha sido reconocida internacionalmente desde hace décadas. Ya en 1998, la Organización Internacional del Trabajo alertaba sobre el elevado riesgo de agresiones que enfrentaban los trabajadores sanitarios en comparación con otros sectores. Posteriormente, en 2002, organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermeras y la Internacional de Servicios Públicos unieron esfuerzos para publicar las Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud, sentando las bases para abordar esta problemática de manera integral.
En el contexto europeo y nacional, se han dado pasos importantes para proteger a los profesionales sanitarios. Desde las disposiciones del Tratado de Roma de 1957 hasta la reforma del Código Penal español en 2015, que reconoce a los sanitarios (entendiendo por estos solamente a los facultativos médicos y a los profesionales de enfermería) como «autoridad pública», buscaban reforzar el marco legal de protección para aquellos.
Asimismo, iniciativas de gran calado, como la Instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior (en cuyo desarrollo participó el OSICH), han establecido protocolos específicos de actuación policial frente a las agresiones en el ámbito sanitario, así como la importante creación de la figura del interlocutor policial sanitario, que tan buenos resultados ha traído al poner en contacto a los responsables de Seguridad de las organizaciones sanitarias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es imperativo no solo implementar medidas de prevención eficaces, sino también proporcionar a los sanitarios herramientas y apoyo
No obstante, a pesar de estos avances, la violencia contra los profesionales de la salud sigue siendo un desafío persistente que, a juicio del autor, requiere un enfoque multidimensional. Es imperativo no solo desarrollar e implementar medidas de seguridad preventiva eficaces, sino también proporcionar a los trabajadores sanitarios los conocimientos y las herramientas, además del apoyo necesario para hacer frente a esta lacra social.
En este artículo, exploraremos en profundidad la situación actual de la seguridad ligada a la prevención de las agresiones en los centros sanitarios, con especial énfasis en la violencia externa. Analizaremos las mejores prácticas, las estrategias de prevención más efectivas y las innovaciones en materia de seguridad que están transformando el panorama del sector sanitario, sin otro objetivo que contribuir al debate y a la búsqueda de soluciones para garantizar un entorno laboral más seguro y digno para «cuidar a los que nos cuidan».
Planes preventivos
Una perspectiva clásica a la hora de abordar este problema por parte de las autoridades ministeriales y las gerencias de los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas fue la de implantar planes preventivos sustentados en tres áreas. Estas tres tareas son: la prevención; la protección al profesional, al usuario/paciente y al patrimonio institucional; y la cobertura legal y/o psicológica al trabajador agredido en caso de que la solicite. La mayoría de estos planes preventivos (que se comenzaron a implantar en la primera década de los años 2000) no tuvieron el éxito deseado y fracasaron (a mi juicio) porque no veían el problema en su conjunto, ejecutando de manera inconexa entre sí las tres líneas de actuación antes mencionadas. Dándose cuenta de ello, surgen nuevas iniciativas institucionales para volver a revisar este problema y en julio de 2017, el Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, dio un paso significativo al crear un grupo de trabajo dedicado a establecer las bases de un sistema de información sobre agresiones a profesionales del SNS.
Este grupo, constituido formalmente en mayo de 2018 bajo el nombre de «Grupo de trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del SNS«, se enfrentó a un desafío importante: la falta de un sistema unificado para recopilar datos sobre agresiones en los diferentes servicios sanitarios del país. Para superar esta carencia, el grupo desarrolló un documento consensuado que estableció un conjunto mínimo de datos sobre agresiones a profesionales sanitarios, que nos ha permitido a todos conocer y dimensionar mucho mejor el problema al que se enfrentaban las organizaciones sanitarias públicas.
De hecho, este documento marca un hito en el esfuerzo por cuantificar y analizar de manera sistemática la incidencia de agresiones en el ámbito sanitario español. Hasta ese momento, no existían datos objetivos sobre los que trabajar en el abordaje del asunto en todo el territorio nacional. Este grupo de trabajo, de carácter totalmente técnico, viene elaborando desde el año 2020 un informe anual sobre las agresiones a los profesionales del SNS, y acaba de publicar su quinto informe (Informe de Agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2023),del cual recomiendo, aunque sea, una lectura rápida, pues nos proporciona una foto fija año tras año del alcance del problema a nivel nacional. En concreto, todos los informes pueden consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad.
Pues bien, desde mis seis años de estudio, análisis y preocupación por este asunto; desde la figura de responsable de Prevención de Agresiones a los Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la Oficina de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, Salud Laboral y Seguridad de la Dirección de Profesionales del SESPA; y como director de Seguridad, abogo por dar un nuevo enfoque al asunto, y modificar aquellos planes de prevención ya obsoletos y caducos por unos nuevos que visualicen la problemática de la violencia externa y las agresiones a los trabajadores de los centros sanitarios en su conjunto. Todo esto, continuando, por supuesto, con todas las medidas preventivas que son necesarias y han dado buen resultado; pero sustituyendo el concepto de “proteger” por el de “seguridad integral” y haciendo mucho trabajo en el área de la formación y la información, tanto para profesionales de todo rango como para los propios usuarios y pacientes de nuestros servicios de salud.
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