En los últimos años hemos asistido a un importante proceso de actualización de la normativa de seguridad: Ley de Seguridad Privada, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Nacional, estrategias nacionales de seguridad, de primer y segundo nivel en diversos ámbitos, y numerosas normas de menor rango con las que el Ministerio del Interior trataba de mejorar y armonizar el bloque normativo de seguridad. Las previsiones fueron dignas del mayor elogio y denotaban una clara intención de anticiparse a los problemas, planificando las medidas a adoptar en diferentes escenarios.
A título de ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional incluye las epidemias y pandemias entre las amenazas y desafíos para la seguridad nacional1. En concreto, significa que para hacerles frente, además de todo tipo de acciones para reducir la vulnerabilidad de la población (vacunas, controles en frontera…), es preciso desarrollar planes de preparación y respuesta tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las administraciones implicadas a nivel nacional o internacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional incluye las epidemias y pandemias entre las amenazas y desafíos para la seguridad nacional
Más aun, en materia de protección de servicios esenciales, los planes estratégicos sectoriales (PES)2 referidos a cada uno de los doce sectores estratégicos recogidos en la Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas pretenden identificar qué servicios esenciales para la sociedad se prestan desde cada uno, su funcionamiento, sus vulnerabilidades, las consecuencias que tendría su inactividad y las estrategias necesarias para su mantenimiento. De esta forma, proponen las medidas, tanto organizativas como técnicas, necesarias para fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas y asegurar la continuidad de los servicios. Igualmente, cada PES propone también recursos de mantenimiento, como por ejemplo ejercicios, simulacros, planes de evacuación, preparación del personal…
Respuesta a la gripe
A mayor abundamiento, desde 2005, la Administración dispone de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe, elaborado para hacer frente al brote de gripe aviar (H5N1) que venía propagándose desde el sureste asiático. En él se recoge desde una evaluación del riesgo a las fases a considerar y criterios para el cambio de fase. Además de desarrollarse la estructura organizativa y de coordinación que constituye la clave de la respuesta. Igualmente, se incluyen procedimientos de todo orden y hasta planes de continuidad para las empresas afectadas.
Es evidente que un instrumento tan completo, referido además a una situación muy semejante en términos de previsiones a la que ahora padecemos, debió servir de guía a las autoridades para implementar acciones frente a la pandemia que venía. En este sentido, no puede olvidarse que el 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la detección en Wuhan de casos de neumonía de causa desconocida. Y tras un mes de informaciones alarmantes sobre la evolución de la situación en el país asiático que evidenciaban su gravedad, la OMS declaró, el 30 de enero, la emergencia de salud pública por el brote del coronavirus (conocido hasta entonces como 2019-nCoV), justo cuando empezaban a detectarse los primeros casos en Italia.
En definitiva, existían suficientes medidas de anticipación que, de haberse cumplido en todos sus términos, habrían limitado exponencialmente el impacto de la crisis del COVID-19. Desde que apareció el primer caso en China a primeros de diciembre hasta que llega a Italia a finales de enero, y especialmente a la vista de su evolución en ese país, se acumularon suficientes datos sobre su gravedad y extraordinaria capacidad de propagación como para haber puesto en marcha cualquiera de los mecanismos de protección previstos.
Falta de liderazgo
El hecho de no hacerlo indica, primero, una falta de liderazgo en aquellos a quienes correspondía su puesta en marcha. Y segundo, una falta de responsabilidad por no dar continuidad a la labor legislativa de anticipación ya efectuada, llevando a la práctica los planes previstos y adoptando las medidas necesarias para poder asumir en tiempo útil y con suficientes garantías de éxito las responsabilidades que se aproximaban.
Es cierto que nuestro complejo sistema administrativo no facilita la unidad de acción, elemento indispensable para hacer frente a crisis de esta naturaleza. Pero, conociendo esta debilidad, los planes que contengan los mecanismos necesarios para una correcta transferencia de responsabilidades, o al menos para conseguir una coordinación reforzada de los diferentes responsables, deben estar siempre actualizados y dispuestos. Así como los catálogos de recursos disponibles que permitirán evaluar acertadamente las necesidades.
Administración profesionalizada y eficiente
La obviedad es que, para conseguir unos mecanismos de respuesta adecuados a este nivel de exigencia, se requiere una Administración mucho más profesionalizada y eficiente que la que tenemos. La fatalidad ha querido que, una vez más, la tragedia nos golpee en un momento de cambio que incrementa nuestra vulnerabilidad: un gobierno novedoso que acaba de asumir sus responsabilidades, que centra sus objetivos en el ámbito de la acción política y sin tener a punto los resortes necesarios para asumir con garantías la gestión de una crisis de estas proporciones.
La calamitosa situación que padecemos, que está provocando la pérdida de decenas de miles de vidas, además de abocarnos a una crisis económica sin precedentes, provocará cambios sociales en todas direcciones. Será muy difícil, si no imposible, recuperar nuestro estilo de vida anterior. Por mi parte, en materia de seguridad y gestión de crisis, doy por buena esta lección si realmente aprendemos lo suficiente para mejorar algunas ineficiencias que han acentuado nuestra debilidad.
Referencias
1 Estrategia de Seguridad Nacional, capítulo IV, página 74.
2 Real Decreto 704/2011, Artículo 19.4.
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