Las instalaciones y revisiones de los sistemas de alarma, a debate

Asuntos como la instalación y el mantenimiento de los sistemas de alarmas, la exigencia normativa en torno al número de revisiones obligatorias, el sistema de diligencias y cumplimentación y archivo de los libros-registro, el papel del usuario o la fecha límite del plazo de adecuación a Grado 2 de los sistemas instalados en viviendas, comercios e industrias antes de la entrada en aplicación de la orden ministerial INT/316/2011 son cuestiones que preocupan al sector de la seguridad privada.

Con el objetivo de analizarnos, y posibilitar que las empresas intercambiasen impresiones con los representantes de la seguridad pública, Seguritecnia organizó un desayuno de trabajo, de la mano de Securitas Direct, el pasado mes de noviembre en el Hotel Meliá Bilbao. Un encuentro moderado por Javier Borredá García, del equipo de Marketing y Publicidad de la publicación de la editorial Borrmart, que contó con la presencia de Francisco Llaneza, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza; el subinspector Carles Castellano, subjefe del Área Central de la Policía Administrativa de los Mossos d’Esquadra; Paloma Velasco, directora ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES); José Ignacio Jiménez, director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct; Maialen Sánchez de Pedro, responsable de Proyectos y Sistemas de Prosetecnisa, y José Ramón Becerra, gerente de Grupo On Seguridad, sociedad multicompartida cuyos propietarios son 34 empresas instaladoras españolas.

Visión de las FCS

Para poner en contexto la situación actual en el País Vasco y Cataluña desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), Llaneza y Castellano fueron los primeros en intervenir. En el caso del primero, esclareció que en el País Vasco existen entre 65.000 y 70.000 conexiones de alarma, que “la Ertzaintza no está realizando un control exhaustivo a los sistemas de Grado 2, a no ser que haya algún tipo de denuncia” y que “el foco de las revisiones se centra en las medidas de seguridad de Grado 3”.

En cuanto a las falsas alarmas, fue categórico al afirmar que “cuando se originan dos saltos de alarma en un mes, solicitamos al usuario que se revise el sistema; de lo contrario, se procede a su desconexión”. En la actualidad, explicó, en el País Vasco se registran unas 8.000 falsas alarmas anualmente, de las cuales, aproximadamente, la mitad son originadas por fallos humanos. Al respecto, manifestó, “se ha sancionado a usuarios por un uso indebido de los pulsadores y los códigos de coacción”. Y finalizó deseando que “cada vez haya menos falsas alarmas para poder destinar los recursos de la seguridad pública a otros menesteres”.

Por su parte, Castellano observó que en Cataluña todo lo relativo al mantenimiento y verificación de los sistemas de seguridad, y la comunicación a los Mossos d’Esquadra de los avisos de alarma, está recogido en la orden IRP/198/2010. Y mostró su satisfacción por el descenso del número de falsas alarmas registrado en la comunidad autónoma desde la entrada en vigor de dicho mandato.“Veníamos de una situación previa a 2010 con 300.000 conexiones y 90.000 avisos de alarma. Hoy, gracias al esfuerzo del cuerpo de Mossos d’Esquadra, las centrales receptoras de alarmas (CRA) y las empresas instaladoras, hablamos de medio millón de sistemas conectados y 36.000 avisos. Año tras año, el porcentaje va bajando”, precisó.

En lo relativo a la labor inspectora, puso de manifiesto que de los 36.000 avisos contabilizados en 2018 se auditaron aproximadamente 753 y se abrieron 12 expedientes sancionadores. “Se trata de cifras pequeñas que, una vez más, confirman que las cosas se están haciendo bien”, opinó. Y destacó que “en las auditorías realizadas a las CRA ha habido un importante componente pedagógico” y que “se llevan a cabo reuniones con las CRA para intentar corregir las conductas irregulares”.

Y en el capítulo de las desconexiones, comentó que, una vez detectados dos avisos en menos de 30 días, se le solicita a la CRA que haga las comprobaciones necesarias. “Entre ellas, informar al usuario, que, en casos flagrantes de mala práctica, puede ser sancionado”, apuntó.