¿Reglamento de Seguridad Privada?

El pasado 21 de mayo, con ocasión de la celebración del Día de la Seguridad Privada, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo público el inicio de la tramitación del borrador del Reglamento de Seguridad Privada, cuya elaboración había finalizado un año antes. Al día siguiente, la Unidad Central especializada de la Policía Nacional difundía oficialmente al sector el texto de este borrador para su informe, a cuyo fin se fija el plazo de un mes.

Por encima de cualquier otro sentimiento, quiero agradecer al ministro su sensibilidad y su compromiso con la seguridad en España. Asumió su responsabilidad para con la seguridad privada y, en unas circunstancias especialmente complejas, cumplió su palabra y rescató del ostracismo el borrador elaborado en 2017 para iniciar su tramitación con mínimas, pero importantes, modificaciones. Señor ministro: cuenta con todo nuestro respeto.

Hoy, las circunstancias han cambiado vertiginosamente en España y se abre un tiempo de incertidumbre que alcanza también, cómo no, a la tramitación de este Real Decreto. Pero cuanto más fuerte sea el temporal, más fuerte debemos remar quienes estamos en el barco, porque el futuro es nuestro y queremos hacerlo depender de nuestro propio esfuerzo. No es momento para desanimarse, sino para seguir en la brecha, y por tanto, en la Fundación Borredá continuaremos trabajando, con más ahínco si cabe, por aquello en lo que creemos. En consecuencia, intentaremos hacer cuantas aportaciones entendamos que contribuyen a mejorar la regulación propuesta.

Pero antes de entrar en otras valoraciones, parece conveniente exponer algunas reflexiones sobre ciertas cuestiones colaterales.

La elaboración

El texto que conocemos es obra del equipo del Ministerio del Interior que ya había intervenido en la elaboración de la Ley a lo largo de 2013. En lo personal, me cabe el honor de haber formado parte de este equipo y guardo el más entrañable recuerdo de aquel proceso de acercamiento de posiciones para el mejor servicio a interés público; no obstante, quiero hacer abstracción de mis opiniones para analizar los hechos desde la óptica de la Fundación.

Si el primer objetivo de aquel equipo, la Ley 5/2014, fue un notable éxito, la elaboración del Reglamento comenzó ya lastrada por un retraso innecesario. En efecto, al publicarse la Ley se disponía de elementos de juicio suficientes para su desarrollo, pero, pese al esfuerzo llevado a cabo por el sector en 2014, con ocasión del III Congreso Nacional de Seguridad Privada, presentando unas conclusiones extraordinariamente bien recibidas por el Ministerio del Interior, no hubo un texto que sirviera de base hasta julio de 2015, y, para desgracia de todos, no concitó los apoyos necesarios.

No es hasta septiembre de 2016 cuando la Dirección General de la Policía presenta un nuevo texto que, tras ser informado tanto por la Secretaría General Técnica, como por la Dirección General de la Guardia Civil, se somete al estudio del grupo de trabajo (que ya podemos llamar habitual) para mejorar los aspectos que suscitaban alguna controversia.

Entre los meses de enero y abril de 2017, este grupo trabajó intensamente en identificar objetivos y buscar la mejor orientación para alcanzarlos. Difícilmente se podrá alcanzar un grado de conocimiento, generosidad y buen entendimiento mayor que el que existía entre aquellos profesionales. Ciertamente, había discrepancias, pero no impidieron buscar vías alternativas hasta donde fue posible, en la seguridad de que el proceso de tramitación aportaría mejoras a la propuesta. En este punto, quiero rendir un merecido homenaje al espíritu de servicio y a la entrega de los miembros de la Unidad Central de Seguridad Privada y del SEPROSE. Gracias a todos ellos, en mayo de 2017 el Ministerio del Interior disponía, por fin, de un texto para iniciar la tramitación del esperado Real Decreto.

Sin embargo, el borrador permaneció en estado latente en algún apeadero del propio Ministerio. Se decía que se buscaban consensos, difíciles de encontrar, o que ciertos grupos de presión trataban de forzar cambios en temas que les perjudicaban; incluso parecía que el texto podría estar siendo retocado para hacer más fácil su comprensión y consiguiente aplicación. Lo cierto es que el borrador durmió otro año más, y la Ley de 2014 continuó sin poder desarrollar sus muchas potencialidades, hasta el pasado día 22 de mayo en que salió oficialmente a la luz, dando cumplimiento al trámite de audiencia pública.

Ahora se nos presenta un texto prácticamente idéntico al de 2017, al que se le suprime un anexo y se cambia la filosofía respecto a la certificación, auditoría e inspección por parte de organismos externos, para reconducir su control hacia el propio Ministerio del Interior. Importante cambio, pero que no justifica en modo alguno el año de retraso. No podemos felicitar por ello a la Administración, pero el sentimiento de abandono no nos impedirá proseguir nuestros esfuerzos para hacer aportaciones constructivas en beneficio de todos.

El contenido

Cualquier experto del sector podría hacer un texto diferente, e incluso probablemente mejor. En cualquier caso, recomiendo a los críticos viscerales que hagan el ejercicio de intentarlo enfrentándose al papel en blanco y tratando de fijar objetivos de futuro para construir al mismo tiempo las vías que nos faciliten su consecución, evitando a toda costa dejarse llevar por intereses particulares o cortoplacistas. Les pido, además, que no desmayen y que continúen hasta el final. No diré más al respecto.

Es evidente que el borrador tiene espacios de mejora que deben recorrerse por quienes deseen realmente hacer aportaciones en positivo. Empezando por la extensión, siguiendo por la oportunidad de algunas normas, siempre discutible, para terminar con algunos conceptos novedosos que podrían sin duda mejorarse para conseguir los mismos fines. Pues bien, es el momento de hacerlo.
Por otra parte, quizá el borrador peque de excesivamente ambicioso a la vista de la contradicción que supone el grado de exhaustividad con que entra a la regulación, frente a la indeterminación que supone dejar aspectos primordiales pendientes, como las comisiones nacional y autonómicas o provinciales, o la prolongación de la vigencia de las normas de desarrollo del anterior Reglamento. He ahí un camino para mejorar. No pretendo aquí, ni me corresponde, entrar en ese detalle; simplemente quiero dejar constancia de que el texto ha nacido con vocación de perfectibilidad y de que ha de ser el propio sector, más allá de la intervención de otros órganos de la Administración, quien lo mejore.

Pero, por encima de cualquier otra consideración, quiero poner de manifiesto la importancia de disponer de un mecanismo de participación representativo y equilibrado. Cualquiera puede tener una buena idea; pero si esa idea viene de un órgano perfectamente diseñado al efecto, será más sólida y creíble. Ese es el papel que el texto articulado está llamando a jugar a la Comisión Nacional, exigiendo a cambio que sea verdaderamente representativa. Falta afianzar esta condición concretando su composición y régimen de funcionamiento a la mayor urgencia, porque todo cuanto se haga para seguir desarrollando este Reglamento debería pasar por sus manos.

Parece muy oportuno traer aquí a colación las palabras de la Comisión Europea en su Comunicación de carácter global al Consejo y al Parlamento Europeo, sobre prevención, preparación y respuesta a los ataques terroristas [COM (2004) 698]: “es primordial crear una cooperación eficaz e integrada con el sector privado. Ya se trate de la necesidad de controlar los flujos financieros o de reforzar la solidez de las infraestructuras esenciales, los operadores privados tendrán un papel capital que jugar. La Comisión considera que es necesario hacer partícipe cuanto antes al sector privado en la definición y la obtención de nuevas soluciones con el fin de reforzar la seguridad de los bienes y servicios. La participación estructurada del sector privado en la elaboración de normas, prácticas y procedimientos para la mejora de la seguridad de los bienes y servicios debería contribuir, en la medida de lo posible, a evitar la imposición de nuevas exigencias legislativas a la industria”.