Los usuarios de servicios de seguridad privada, y en particular los directores de Seguridad, tienen la responsabilidad de organizar todas aquellas medidas que eviten y/o mitiguen los riesgos que amenazan el normal desarrollo de las organizaciones a las que sirven. Sin duda, los servicios de seguridad privada son una pieza fundamental en este esquema de protección, no solo por la relevancia material de los mismos, sino por la imposibilidad legal de establecer determinadas medidas si no es mediante la prestación de estos servicios debidamente legalizados según la normativa vigente.
Ello conduce a una dependencia de los servicios de seguridad privada, que pone el acento en dos aspectos clave:
- La calidad de los servicios. Es mayoritariamente compartido por los responsables de seguridad que los retos para las crecientes amenazas no pueden mitigarse basándose solo en herramientas tecnológicas. El factor humano sigue siendo fundamental en la gestión de los riesgos de seguridad, más aún en los tiempos actuales donde las denominadas amenazas híbridas plantean un escenario en el que la asimetría entre actores atacantes y los posibles objetivos de los mismos requieren de un juicio experto y una coordinación interdepartamental. Esto último, además, resulta imposible sin la inclusión de profesionales bien entrenados, legalmente habilitados y adecuadamente alineados con la estrategia de la organización.
- La adecuada disponibilidad de servicios de seguridad en el mercado. La necesaria habilitación legal requerida para la prestación de los servicios de seguridad privada, que solamente deben ser prestados por empresas de seguridad privada, hace que exista una dependencia crítica de este tipo de proveedores. Y del mismo modo, la naturaleza de estos servicios hace que la disponibilidad de recursos humanos (trabajadores de seguridad privada de estas empresas) resulte en gran medida insustituible. En este sentido, venimos asistiendo a un progresivo deterioro en el adecuado relevo generacional de estos trabajadores que desemboca en la falta material de capacidad de prestar servicios y, por lo tanto, en una merma real y efectiva en la seguridad de las organizaciones.
Por el momento, este fenómeno se materializa de forma muy acusada cuando existen situaciones de crisis concentradas en el tiempo y/o el espacio, como, por ejemplo, la DANA o los episodios de revueltas callejeras violentas en Cataluña. No obstante, ya hay determinadas geografías donde el problema existe a la hora de mantener servicios ordinarios con ocasión de relevos del personal existente (jubilaciones, cambios de destino, etc.) o franjas temporales concretas, y territorios donde es materialmente imposible establecer servicios de seguridad básicos (vigilancia, verificación de alarmas, etc.) a pesar de haber demanda de los mismos.
Es importante que desde el mundo de la seguridad, tanto reguladores como empresas y usuarios, pongamos foco en la resolución de este asunto. Para ello resulta imprescindible que las propias asociaciones patronales de las empresas de seguridad efectúen un estudio completo y detallado del fenómeno. Este estudio debería ser complementado con la visión de los usuarios demandantes de servicios para, de este modo, obtener una foto lo más completa posible del problema, con la que tener visión sobre el calendario de rotaciones previsto en los próximos años, y ver cuánto tiempo nos queda.
No es ningún secreto que las medidas que deban tomarse para tratar de retomar una adecuada tasa de reposición del personal de seguridad privada serán complejas y tardarán un tiempo en entrar en eficacia. Por ello, es legítimo preguntarse si no hemos fallado estrepitosamente en la detección y tratamiento de este problema y, por lo tanto, toca ahora gestionar el control de daños a la seguridad (privada y pública) que deviene. Confiemos que no.
